por Francisco Lucotti
El 7 de junio de 1810, salió a la luz la Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico nacional. En aquel número, Mariano Moreno, revolucionario intelectual y redactor del semanario, escribió: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal.” Con esta impronta autocrítica, la Primera Junta de Gobierno establecía la necesidad de una divulgación al resto de las provincias “de las noticias prósperas o adversas” que marcaran el rumbo de la incipiente unión.
El viernes pasado (7/6/2013) se celebró el Día del periodista, fecha establecida en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en Córdoba, a propósito del aniversario de la aparición del primer ejemplar de aquel semanario. Lejos de reflejar un aire de júbilo, la jornada estuvo marcada por el paro total de las redacciones y portales de noticias de numerosos medios de la ciudad y el conurbano bonaerense y por la movilización de los trabajadores gráficos en demanda de “sueldos justos, condiciones dignas de trabajo y cero precarización”. Además, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) redactó un breve texto pidiendo el cese de agresiones entre periodistas en base al medio para el que trabajan o de discusiones de carácter ideológico ajeno al ejercicio de la profesión, y de presiones o limitaciones hacia periodistas por parte de personas físicas o jurídicas, gubernamentales o privados, externas o internas del propio medio para el que se trabaja, que entorpezcan la libertad de expresión y el acceso a la información.
La precarización laboral, en la que los periodistas argentinos no son excepción, es un problema más en un escenario actual en el que cuentan otros factores decisivos que han puesto, con mayor énfasis desde el año pasado, en tela de juicio, por un lado, al rol mismo del periodismo y sus aportes a los valores democráticos, y por otro, a las presiones sociales entre las que se lleva a cabo el ejercicio periodístico. La polarización creada a partir de la discusión sobre la independencia de los discursos versus el aparente contrapunto representado por el mal llamado “periodismo militante” lleva inevitablemente a una tensión creciente y, por ende, a la autocensura o la confrontación. Asimismo, me refiero a las reiteradas llamadas de atención realizadas por organismos locales e internacionales, desde todo el espectro político, acerca de ciertas aparentes limitaciones a la libertad de expresión visibles a partir de un crecimiento en el número de denuncias de violencia directa o indirecta ejercida por gobiernos y civiles sobre periodistas argentinos, las presiones económicas discrecionales llevadas a cabo por los gobiernos, que siguen una lógica clientelar, y las presiones legales ejercidas por funcionarios públicos y los propios medios sobre los periodistas.
Estas alertas son numerosas pero no tienen todas el mismo matiz; hay quienes sólo repudian las medidas económicas gubernamentales y quienes hacen hincapié en los casos de agresión y amenazas a periodistas individuales. Las hay de organismos empresariales como pueden ser la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) o la Asociación mundial de periódicos y editores de noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), que en este caso no conmueven. Sí lo hacen las redactadas por organizaciones con preocupaciones más cercanas a la vida de los periodistas como Reporteros sin fronteras o el Comité para proteger a periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en un marco internacional, y por supuesto las del ámbito local.
La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia (organización privada sin fines de lucro coordinada por Silvana Guidici, ex diputada porteña por la UCR y actual Subsecretaria Coordinadora de Planes Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO) y el ya mencionado Fopea (agrupación argentina de profesionales y académicos del periodismo) han redactado de manera independiente dos informes de monitoreo en los que recopilan caso por caso las denuncias de limitaciones a la libertad de expresión producidos durante el 2012. El primero registra 371 casos y el segundo 172. Cabe mencionar que los criterios utilizados por en el primer caso son mucho más abarcativos e incluye –además de casos de ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones, encarcelamientos o privaciones de la libertad y hostigamientos judiciales– restricciones al acceso a la información pública y hechos de censura, ataques a instalaciones de medios de comunicación, denuncias o declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión, e incumplimientos o aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
También se encontraron artículos críticos de medios ajenos a la situación; no sorprenden los de Clarín, La Nación o Perfil, tampoco de diarios como El País, de España, pero sí la nota de Christine Legrand, corresponsal para Le Monde, del 26 de abril, titulado En la Argentina, la independencia tiene mala prensa. Casi todos los textos reprochan el cepo publicitario y la discrecionalidad en el uso de la pauta gubernamental y adjudican al gobierno el uso de estas medidas para premiar a los medios afines y castigar o llamar a la autocensura a los abiertamente antikirchneristas.
En este tono se despliega la editorial del Washington Post del 16 de marzo que llevó como título Free Speech Under Fire in Latin America y que resume de manera punzante las críticas compartidas (merece la pena resaltar que se trata del espacio de opinión reservado para la junta directiva del diario, es decir, al WP como empresa):
“The assault on the free press is by no means limited to Venezuela. In Argentina, President Cristina Fernández de Kirchner also has been trying to silence critical media, including leading newspapers such as La Nación, Clarín and Perfil. Last month her commerce minister ordered private supermarkets and appliance retailers (…) to stop their media advertising for two months. (…) Clarín’s advertising from these private firms fell from 264 pages in January to 61 in February, while the other papers lost 15 to 20 percent of their income. The government long ago withdrew all of its own advertising from the papers; its intent is to force them to adopt the self-censorship that has already overtaken most Argentine media.”
Además de solidarizarse con los medios críticos y defender su profesionalismo, el texto enuncia las pérdidas en los ingresos de los diarios a partir de la prohibición realizada por Guillermo Moreno a los supermercados y tiendas de electrodomésticos, que les impedía anunciar en los medios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Lo que fuera justificado por el secretario de Comercio Interior debido a la desaparición de las ofertas en base al congelamiento de precios que rigió de febrero a junio, funcionó, para las organizaciones ya citadas, como un ejemplo más del tipo de medidas que debilitan el financiamiento y la independencia económica de los medios no alineados, al ser aquellos los que han visto también mermado significativamente la pauta gubernamental, y que por lo tanto afectaría indirectamente a la libertad de expresión. No se censura, pero se limitan cada vez más las posibilidades de maniobra. El gobierno establece unas reglas de juego en las que la crítica periodística es castigada y la deferencia, honesta u oportunista, es incentivada.
Para graficar esto mejor, el informe de la Fundación LED publica los siguientes datos sobre las modificaciones en la repartición de la pauta oficial en medios gráficos –no incluye radio ni TV– que compara 2011 con 2012. (El informe usa como fuente un artículo de La Nación que explicita: “Todas estas cifras se desprenden de un relevamiento privado que se elabora mensualmente por una consultora especializada en medición de audiencias que prefirió no ser mencionada. Se trata de inversión aparente porque los números no son informados por las empresas ni por el Estado”).
Medios no críticos:
a) +114% Grupo Veintitrés (Szpolski-Garfunkel): $12,7 millones en 2011; $27,2 millones en 2012
b) +847% Grupo Uno (Vila-Manzano): $2,6 millones en 2011; $24,9 millones en 2012
c) +3597% Editorial Televisa: $76 mil en 2011; $2,8 millones en 2012
d) +354% Diario Norte (Chaco): $472 mil en 2011; $2,1 millones en 2012
Medios críticos del Gobierno:
a) -96% Editorial La Nación: $904 mil en 2011; $38 mil en 2012
b) -70% Diario El Cronista: $1,2 millones en 2011; $382 mil en 2012
c) -61% Grupo Clarín: $1,27 millones en 2011; $490 mil en 2012
d) -42% Editorial Perfil: $440 mil en 2011; $254 mil en 2012
Estos son los más llamativos por su incremento o disminución notable. Los números son explícitos. También lo son las voces dentro del gobierno y de los medios afines. Sara Rafsky, en su informe para el CPJ del 27 de septiembre de 2012, publica:
“Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino, un diario propiedad de Grupo Veintitrés, sostiene que aunque le preocupa la posibilidad de que la publicidad oficial ‘genere periodistas zombies’ sin independencia editorial, no ve nada malo en que el gobierno le otorgue publicidad a su diario a expensas de grupos como Clarín y La Nación. (…) Caballero también observó que Clarín nunca objetó la manera en que la publicidad se distribuía en los gobiernos anteriores, cuando Clarín se beneficiaba y otros periódicos sufrían: ‘Ellos son los que se empacharon de forma glotona. Ahora, después de 40 años así, ¿por qué tenemos que repartir?’.”
Revanchismo, oportunismo, justicia; no importa el mote. Esto refleja la postura de uno de los polos y demuestra la norma a la que el periodismo pareciera tener que adecuarse para sobrevivir. O estás con Cristina o estás con Clarín. No hay otra.
“La consecuencia de esta ardua pelea es una prensa altamente polarizada. Por un lado, los críticos de Kirchner la acusan de coartar la libertad de prensa al recompensar a los medios simpatizantes y silenciar –mediante regulaciones y el reparto de la publicidad oficial– a los medios que se le oponen. Por otro lado, muchos creen que Clarín tiene demasiado poder y que utiliza su enorme red de medios para impulsar sus intereses comerciales particulares”, concluye Rafsky y, para darle mayor peso, describe lo siguiente:
"Laura Zommer, periodista de La Nación, comentó que el clima está tan enrarecido que los periodistas se autocensuran por miedo a cómo sus notas serán interpretadas. Cuando cualquiera es clasificado ‘como amigo o enemigo, muchos prefieren quedarse callados’, subrayó Zommer. FOPEA coincide en que tal atmósfera es nociva para el ejercicio del periodismo. ‘Cierran las fuentes, [los funcionarios de gobierno] no invitan a cubrir eventos públicos, no responden preguntas en las conferencias de prensa y lanzan campañas de descrédito’, amplió [Andrés] D'Alessandro [director ejecutivo de FOPEA]. (…) A escala provincial y municipal, según las investigaciones del CPJ, los periodistas enfrentan el riesgo de sufrir violencia física por criticar a funcionarios de gobierno."
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| Foto: http://www.flickr.com/photos/vladimix/ |
Es necesario resaltar el contraste. De un año a otro, la tendencia en todos los aspectos revisados fue incrementando. La violencia, las maniobras abusivas de los gobiernos, la polarización. Y no pareciera estar mejorando. La represión por parte de la policía metropolitana en el hospital neuropsiquiátrico Borda el 26 de abril fue el caso más espectacular del año, aunque esta no estuviera destinada únicamente a periodistas. La arbitrariedad en el reparto de la pauta oficial sigue en pie, más allá de los fallos en contra realizados por la Justicia. El último da al Gobierno nacional 30 días, aún no cumplidos, para desarrollar un esquema de distribución de la publicidad oficial de manera equitativa para los canales de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. En 2009, la Corte Suprema ratificó un fallo a favor de la Editorial Perfil, hasta entonces excluida de la pauta, como había ocurrido en 2007 con la Editorial Río Negro, discriminada por la publicación de información crítica de la gestión del gobierno de Neuquén. El artículo 76 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su último párrafo: "Para la inversión publicitaria oficial, el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión". Los números vistos arriba indican cuánto caso les han hecho.
Pero hay otra cosa que también ha ido incrementando: el presupuesto de propaganda. El informe de la Fundación LED da cuenta del asunto: “Esta modalidad se viene reiterando año tras año, permitiéndose el Poder Ejecutivo transferir partidas, aprobadas por el Congreso Nacional para otros fines, al presupuesto solicitado para publicidad oficial. Así se verifica en todos los años que, lo solicitado inicialmente por el Ejecutivo al Legislativo, es al menos en todos los casos un 40% menor, en promedio, al efectivamente ejecutado.” A partir de esto, es posible interpretar el crecimiento del presupuesto y el reparto discrecional como política de Estado.
Resaltan los informes más detallados que el crescendo en la disputa entre el Gobierno nacional y los medios no oficialistas se produjo durante el año pasado, y tuvo su clímax con el comienzo de la cuenta regresiva hacia el 7D (7 de diciembre, supuesta fecha límite de adecuación a las cláusulas de desinversión del Grupo Clarín estipuladas por la Ley de medios), explotada especialmente por el Estado a través de spots durante la transmisión de Fútbol para todos.
A esto se refiere la organización de vigilancia estadounidense Freedom House, dedicada de manera independiente desde 1941 a la expansión de la libertades en el mundo, y que desarrolla un índice de medición determinado a través del examen de los medios masivos e internet sobre tres categorías: el entorno legal en el que operan los medios, las influencias de la política en la cobertura y el acceso a la información, y las presiones económicas sobre el contenido y la diseminación de las noticias. En su último reporte global, Press Freedom in 2012: Middle East Volatility Amid Global Decline, redactado por Karin Deutsch Karlekar and Jennifer Dunham, se encuentra el siguiente párrafo, el único en el que se reporta específicamente sobre país: “Moderate erosion [of the Freedom of the Press index] was noted in Argentina due to executive pressure on judges regarding implementation of a 2009 law that aims to diversify media ownership, as well as increased physical attacks and verbal threats directed against journalists who are seen as critical of the government, particularly those affiliated with the Clarín media group.”
Antes de esto, la confrontación existía, sobre todo con Perfil y La Nación, desde el acenso de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, y con Clarín recién a partir del 2008, con la crisis del campo, suceso que significó la ruptura definitiva entre las partes. Cristina comenzaba su primera presidencia y también empezaba la guerra. El entonces ya expresidente mostró las garras y con eso puso sobre la mesa el gran secreto a voces del Grupo Clarín y su monstruosidad, pero también demostró con gallardía su propia megalomanía. Se desveló la cara de Magnetto, CEO del Grupo Clarín; se le puso rostro al enemigo. Si Clarín alguna vez llegó a tener miedo, lo supo ocultar bien.
Murió Kirchner y vino un período de tregua. Luego empezaron a aparecer las denuncias por complicidad en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La acusación de apropiación ilegal de los niños adoptados por Ernestina Herrera de Noble, heredera y actual dueña de Clarín, fue descartada finalmente por las pruebas genéticas realizadas a los hermanos. El caso de secuestro y tortura –por parte de los militares– de la familia y allegados de David Graiver, el empresario que fuera dueño de Papel Prensa y financista de la agrupación guerrillera Montoneros en simultáneo, y que murió en un sospechoso accidente aeronáutico en 1976, reveló la supuesta complicidad con la Junta Militar por parte de los propietarios de Clarín y La Nación (hoy dueños del 49 y 24,49% de la empresa) en la irregular adquisición.
En los últimos días del 2011 fue tramitada en tiempo récord la Ley de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, que le otorga a la Secretaría de Comercio Interior el control del mercado (importación, producción y distribución) y la regulación de los precios del insumo básico de la prensa. Las presiones de Guillermo Moreno sobre la junta de accionistas de la empresa han tenido, desde entonces, el tenor de su histrionismo. Pero la escalada de confrontación durante el 2012 se desarrolló con mayor vigor desde abril, a partir de dos sucesos claves para comprender el escenario mediático actual: la aparición del programa Periodismo para todos, conducido por Jorge Lanata, en Canal 13, del Grupo Clarín, y la adquisición de una gran parte del paquete de medios pertenecientes al Grupo Infobae de Daniel Hadad (C5N, Radio 10 y tres FM) por parte del Grupo Índalo del empresario kirchnerista Cristóbal López. Las marchas y cacerolazos masivos organizados a través de las redes sociales representaron un tercer factor de quiebre social, pero esto se trataría de un efecto más que de una causa, ampliamente incentivado –claro está– por parte del multimedia opositor.
En la actualidad, el futuro pareciera estar en manos de la Justicia. La puja por la adecuación de Clarín a la Ley de medios sigue en espera de una resolución del problema de fondo por parte de la Corte Suprema. Las discusiones alrededor de las reformas en el Poder Judicial marcan el pulso político, y el reciente fallo de la jueza María Servini de Cubría a favor de la inconstitucionalidad de la elección de consejeros y su anulación parecieran ponerle freno a los intentos de dominio político de la Corte por parte del Frente para la Victoria. Mientras tanto, se impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación el 24%” de Papel Prensa, para así aumentar el porcentaje accionario del Gobierno nacional (actualmente del 28,08%) y obtener así el control absoluto de la planta y del insumo de los diarios.
José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista realizada por Martín Dinatale para La Nación y publicada el 27 de mayo, opina:
"Nos preocupa cuando en cualquier sociedad se empiezan a callar o silenciar voces. No es el caso de la Argentina. Aquí Jorge Lanata, por ejemplo, cuenta con una enorme audiencia y hace revelaciones serias. Lo que hay es un clima de polarización extrema que no es conducente en una democracia. También hay un proyecto en Diputados, que busca cambiar la propiedad de las acciones de Papel Prensa, que hoy está en manos del Estado y de dos grandes periódicos [Clarín y La Nación]. Si hay expropiación del Estado, podría verse afectado el acceso al papel de los medios. La expropiación planteada con el control del 51% en manos del Estado implicará un monopolio oficial en cuanto al acceso preferencial de precios del papel. No es la mejor opción por seguir.”
Argumentar que en la Argentina no hay libertad de expresión sería ridículo y apocalíptico, pero confiar que las cosas no pueden cambiar o no hacerle caso a los indicios sería igualmente torpe. “Un factor importante en la óptica de los periodistas argentinos (…) es la independencia de su Poder Judicial. Como lo muestra la decisión en el caso de la Editorial Perfil, los jueces no tienen miedo de fallar en contra de la Casa Rosada. De todas maneras, el gobierno no ha mostrado ninguna intención de acatar ese fallo y, más allá de las multas, al parecer no hay repercusiones por su incumplimiento”, reflexionaba Rafsky, mediante un acto de clarividencia ad hoc, en aquel informe que, con elocuencia, titulaba: En la confrontación entre el gobierno argentino y la prensa, pierde el periodismo.
La batalla por la legitimidad de los discursos es una carrera, a fin de cuentas, de presupuestos. El Gobierno nacional y el Grupo Clarín son dos planetas que se disputan el control del espacio; los demás medios son satélites que circulan atraídos a uno u otro por sus fuerzas de gravedad a partir de sus intereses particulares. La posibilidad de encontrar posiciones centrales o intermedias (una crítica balanceada hacia ambos lados o una neutral) resulta casi imposible: la práctica periodística implica el desvelamiento de verdades ocultas que tengan interés público, y los secretos más grandes los guardan los poderes más grandes.
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